GRUPO AVILA.

Un cambio constitucional impuesto es ilegítimo

El viernes 1 de noviembre de 2007 la Asamblea Nacional aprobó la propuesta del presidente Chávez de reforma de la Constitución vigente, la cual contempla la modificación de 33 artículos. En el proceso de discusión, que se realizó a espaldas del país, la Asamblea añadió cambios en otros 36 artículos. 

Entre los cambios más relevantes están: la reelección presidencial indefinida, la eliminación, en la práctica, de la descentralización político-administrativa, la creación de un modelo de Estado Socialista, la exclusión de la propiedad privada como derecho establecido expresamente, la supresión de la libertad de iniciativa privada y la facultad exclusiva del presidente en los ascensos militares en todos los grados de la oficialidad, entre muchas otras materias. 

Estas modificaciones, persiguen una alteración sustancial del texto constitucional que se traduce, en una transformación del ordenamiento jurídico y de las estructuras y principios fundamentales del Estado. Ello es jurídicamente imposible al tocar aspectos fundamentales de la Constitución Nacional, que no pueden ser aprobados por la vía del procedimiento de reforma constitucional de allí que sea el procedimiento de convocatoria a una Asamblea Constituyente, el adecuado en estos casos.

A pesar de los cuestionamientos presentados por los partidos políticos de oposición,   la Iglesia católica, las  Academias Oficiales, los rectores de las Universidades autónomas, los decanos de las facultades de Derecho, estudiantes, gremios de intelectuales, artistas, periodistas, científicos, obreros, empresarios y las organizaciones más representativas de la sociedad civil, incluso organizaciones vinculadas al chavismo-, cuya sustentación se afinca en las normas constitucionales, la Asamblea Nacional, hizo caso omiso de aquellos, y ha aprobado la propuesta presidencial.

Se ha llegado al extremo de aprobar el cambio de las normas concernientes a los “Estados de excepción”, planteando la posibilidad de suspender garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho a la información, a contrapelo de normativas sobre la materia contenidas en los tratados internacionales suscritos por la República. 

A todas luces, el cambio en cuestión persigue constitucionalizar un sistema político personalista y autocrático, colectivista en lo económico, militarista y totalitario, en el que la garantía de los derechos humanos, el desarrollo en libertad de los individuos, la libre empresa, la libertad de cátedra en los centros educacionales, la profesionalización de las fuerzas armadas, y los poderes estadales y local verdaderamente democráticos, no tendrán cabida.

Hoy por hoy, el rechazo a este intento de centralización del poder y de establecimiento de una sociedad totalitaria es un sentimiento mayoritario que se está expresando de diversas formas de rechazo.

     Conclusiones:

1.      El procedimiento para “reformar” la Constitución utilizado por el gobierno es contrario la normativa de la misma Carta Magna, por tanto es fraudulento y constituiría un quebrantamiento del orden constitucional.

2.      Los motivos alegados para justificar la “reforma” no ameritan una modificación tan amplia de la Constitución.

3.      Los cambios propuestos lesionan derechos humanos fundamentales (derecho de propiedad, libre iniciativa privada, derechos de propiedad intelectual, libertad de información)

4.      Los cambios persiguen, en el fondo, centralizar y eternizar en el poder al Presidente, suprimiendo la alternabilidad, principio establecido en la Constitución vigente y la descentralización político-administrativa.

5.      Con la “reforma” se pretende constitucionalizar un sistema socioeconómico estatista, colectivista, militarista y totalitario.

6.      La “reforma” es expresión de un personalismo autocrático que atenta contra los principios del Estado de derecho democrático.

7.      Imponer la aprobación de una nueva constitución con el artificio de una minoría simple y relativa y haciendo uso de un sistema electoral viciado y manipulado por el ejecutivo, significa un duro golpe a la democracia y el comienzo de un régimen dictatorial en Venezuela