Exhortación del episcopado venezolano sobre la propuesta de
reforma constitucional
“LLAMADOS A VIVIR EN LIBERTAD”
A todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad
I- INTRODUCCION
1. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, como ciudadanos y como legítimos
pastores de la Iglesia, compartiendo con el pueblo las angustias y
esperanzas de cada momento histórico, hemos decidido dirigirnos a todos los
venezolanos, a los residentes en nuestro país y, en particular, a los fieles
católicos, ante la propuesta de Reforma Constitucional presentada a la
nación el pasado 15 de Agosto por el ciudadano Presidente de la República, a
la cual se agrega ahora lo propuesto por la Comisión Mixta de la Asamblea
Nacional.
2. Nuestra contribución tiene el propósito de iluminar, desde una
valoración ética, el juicio y la decisión que sobre el proyecto de Reforma
corresponde asumir a los venezolanos en asunto de tanta importancia para el
presente y el futuro del país. Fundamentamos esta iluminación en los
principios y criterios del Evangelio, de la Doctrina Social de la Iglesia y
de los numerosos documentos emanados de nuestra Conferencia Episcopal. Nos
impulsan la convicción de que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela ha de seguir siendo patrimonio de todos los venezolanos, sin
exclusión, y nuestro compromiso de fomentar la convivencia pacífica de todos
los ciudadanos y la concordia entre los diversos sectores e instituciones
para la construcción de un destino común como nación.
3. En nuestra fraterna y solidaria reflexión y discernimiento pastoral de la
situación del país y, como portadores del clamor y preocupación de muchas
comunidades y personas, hemos examinado la relación entre el contenido de la
Reforma con las exigencias de la persona humana, su conciencia, su
libertad, sus derechos, su dignidad, y con la concepción cristiana de la
mayoría de la sociedad venezolana. Hemos considerado también los cambios más
relevantes que plantea la propuesta, así como algunas de las consecuencias
de índole ética y social que se seguirían de dicha Reforma.
4. En los países democráticos una Constitución es un pacto social, el
resultado de las deliberaciones, discusiones y acuerdos de una Asamblea
Constituyente, u otro cuerpo políticamente plural que represente al pueblo,
y de una consulta electoral libre, confiable y pacífica; su finalidad es
garantizar el Estado de Derecho para todas las personas, la estabilidad
jurídica de las instituciones y el bienestar integral del conjunto de los
ciudadanos. Su legitimidad radica en que acoja la pluralidad de posturas que
tienen derecho a convivir en una sociedad democrática. En su articulado
quedan claramente establecidos la definición del Estado y sus órganos,
siempre al servicio del pueblo, el modelo de país y los principios y
valores esenciales por los que el pueblo soberano quiere regir su vida y la
de sus instituciones. En consecuencia, el verdadero sujeto de la
Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso
ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e
ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos
de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de
la “Carta Magna” debe apoyarse en el mayor consenso posible.
II.- NUESTRAS PREOCUPACIONES ANTE LA PROPUESTA
5. La Reforma ha sido presentada como un instrumento para dar mayor poder al
pueblo, especialmente a través del denominado “Poder Popular”. En ella se
ofrece la reducción de la jornada laboral, y a los trabajadores
independientes la tan deseada seguridad social. Sin embargo, se acentúa la
concentración de poder en manos del Presidente de la República y se favorece
el autoritarismo. Punto central de esta Reforma es que Venezuela pase de
“Estado democrático y social de derecho y de justicia” (Art. 2 de la actual
Constitución) a ser un “Estado Socialista” (art. 16 de la propuesta).
Algunos artículos condicionan la participación del pueblo y la actividad de
los ciudadanos a la sola construcción del socialismo (Art. 70) y de la
economía socialista (Art. 112). Esto limita la libertad de los venezolanos;
se incrementa excesivamente el poder del Estado, se elimina la
descentralización, y el gobierno controla muchísimos espacios de la vida
ciudadana. En ese modelo socialista, el Estado y el gobierno estarían
dirigidos por un Presidente que puede ser reelecto - sólo él -
continuamente, con un poder amplísimo que le permitiría disponer
constitucionalmente de las instituciones, propiedades y recursos. Esto es
verdaderamente grave y modificaría la estructura fundamental del Estado
democrático.
6. Un modelo de Estado socialista, marxista-leninista, estatista, es
contrario al pensamiento del Libertador Simón Bolívar (Cf. Discurso ante el
Congreso de Angostura), y también contrario a la naturaleza personal del ser
humano y a la visión cristiana del hombre, porque establece el dominio
absoluto del Estado sobre la persona. Experiencias de otros países
demuestran que en tal sistema, el Estado y su gobierno se convierten en
opresores de las personas y de la sociedad, coartan la libertad personal y
la expresión religiosa, y causan un gravísimo deterioro en la economía,
produciendo una pobreza generalizada. Ejemplo de ello han sido los países de
Europa Oriental, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y, más cerca
de nosotros, la República de Cuba. En ese escenario se establecería una
discriminación con quienes no participen de la ideología socialista, se
reducirían los derechos políticos de muchos venezolanos, y la noción de
“pueblo” tendría un carácter restringido y excluyente identificado sólo con
las personas y grupos que adhieren al socialismo.
7. El pluralismo político es uno de los valores fundamentales consagrados
por la actual Constitución (Art. 2). La implantación de un Estado Socialista
es excluyente, e implica el cese del pluralismo y de la libertad política y
de conciencia de los ciudadanos. Es un hecho comprobado que dentro de un
Estado democrático pueden existir partidos socialistas y gobiernos
socialistas. Abundan ejemplos en el mundo actual como Chile y Brasil. En
cambio, en un “Estado socialista”, tal como se propone en Venezuela, toda la
actividad política, social, económica y cultural se encuadra dentro de una
única opción, un pensamiento único.
8. Con respecto al capitalismo y al socialismo, los Obispos nos hemos
manifestado en diversas ocasiones. La solución al drama de la pobreza, de
las injusticias sociales, de las hirientes desigualdades, no está en el
capitalismo salvaje ni en el socialismo marxista, sino en la práctica de la
justicia social y de una efectiva caridad (Cf. Juan Pablo II, Encíclica
Centesimus Annus 33, 48 y 49).
9. Otros cambios propuestos restringen derechos ya consagrados en la actual
Constitución, lo que atenta contra el principio de progresividad de los
derechos humanos garantizado en el Art. 19 de la actual Constitución. En
este campo de los derechos humanos y constitucionales, algunas disposiciones
representan una patente involución, como los artículos 337, 338 y 339 de la
Reforma sobre los estados de excepción, que suspenden el derecho al debido
proceso (Art. 49) y a la información (Art. 57 y 58). El nuevo poder del
Estado, el “Poder Popular”, no nace del sufragio ni de elecciones (R.
Art.136), y su promoción, organización y registro es competencia del Poder
Nacional (R. Art. 156, 35). Se vulnera de este modo la libertad de
asociación (Art. 52), poniéndola en manos del Estado, lo cual quebranta el
carácter democrático y electivo de todos los niveles de gobierno, previsto
en el artículo 6 de la Constitución, y le quita poder al pueblo. Además, ya
el pueblo es sujeto del poder y lo que necesita es tener el pleno ejercicio
de sus derechos y libertades y que le presten servicios eficientes quienes
han sido elegidos libremente para esas funciones. La genuina democracia no
consiste sólo en la elección de las autoridades; “no basta una democracia
puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales,
sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción
y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores (…), se vuelve
fácilmente una dictadura y termina traicionando el pueblo” (Documento de la
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida
74).
10. Esta propuesta de Reforma más que enfrentar y superar la problemática
vivida en el país, profundizaría la polarización entre los venezolanos,
dificultaría la convivencia social con el peligro de generar nuevos odios y
conflictos, que queremos evitar. Los obispos renovamos el llamado, que
repetidas veces hemos hecho, al diálogo y a la reconciliación y ratificamos
nuestra disposición de seguir acompañando al pueblo venezolano con el
anuncio valiente y decidido del Evangelio y el compromiso de compartir sus
alegrías, temores y esperanzas.
III. PERSONA Y LIBERTAD
11. Dios nos ha creado como personas libres con capacidad de organizar la
vida personal y la vida social. Vida y libertad son inseparables. Dios
libera, porque es el Dios de la vida; se revela en la historia liberando a
su pueblo, no quiere que ninguna nación esté esclavizada o dominada por
otra, ni por sus propias autoridades. La libertad no es una condición
abstracta del ser humano y de la sociedad. La libertad es un derecho
fundamental innato en cada ser humano, que no tiene otros límites que la
libertad y los derechos de los demás. Todo lo que se opone a la libertad, se
opone a la vida. La supresión de la libertad no corrige las injusticias sino
que agrega otras, asfixiantes e insoportables.
12. Conforme a la enseñanza de la Iglesia, la persona humana, el pueblo, y
no el Estado, son el centro de toda la vida social. El Estado existe para
la persona y para el pueblo, y no al revés. En esta línea el Concilio
Vaticano II declara: «El principio, el sujeto y el fin de todas las
instituciones sociales es y debe ser la persona humana» (GS 25). El
Catecismo de la Iglesia Católica expresa: «Cuando el Estado no pone su poder
al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es
más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho» (CEC
2273). Y Juan Pablo II en la Encíclica Centesimus Annus nos dice que el
«Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la
sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mismas personas»
(C.A. 45 b).
13. La doctrina de la Iglesia en este aspecto tiene una específica
incidencia en el campo político. El principio de subsidiaridad debe
aplicarse para construir una auténtica democracia. Esto es, que el Estado
debe ayudar pero no absorber ni suplantar las iniciativas, la libertad y la
responsabilidad de las personas y de los grupos sociales. En su Encíclica
«Dios es amor» el Papa Benedicto XVI advierte: «Lo que hace falta no es un
Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye,
de acuerdo con el principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de
las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a
los hombres necesitados de auxilio» (28 b).
IV- DECISIÓN QUE MIRA AL FUTURO
14. La Constitución y la Reforma planteada no son un asunto sólo de
partidos o de un determinado sector de la población. Es algo de interés
nacional que nos afecta a todos. Nadie debe desentenderse, ni dejar de
participar en su discusión, ni negarse a asumir una posición ante la
propuesta de Reforma. Eso sería un gravísimo error.
15. El debate sobre la Reforma, no puede considerarse como un simple
conflicto entre “oficialismo y oposición”, entre “ricos y pobres”. Es algo
que concierne al futuro de todo el pueblo venezolano. Y en este debate,
nadie debe discriminar, ni excluir, ni ofender a quienes sustenten una
opinión contraria a la suya.
16. En síntesis, nuestra posición en cuanto al proyecto de Reforma puede
formularse así:
·
el proyecto presentado a la consideración del pueblo venezolano, debido a la
radicalidad y profundidad de los cambios introducidos en la estructura del
Estado, va más allá de una Reforma.
·
la proposición de un “Estado Socialista” es contraria a principios
fundamentales de la actual Constitución, y a una recta concepción de la
persona y del Estado.
·
la propuesta de Reforma excluye a sectores políticos y sociales del país,
que no estén de acuerdo con el Estado Socialista, restringe las libertades y
representa un retroceso en la progresividad de los derechos humanos.
·
por cuanto el proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del
sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la
convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia.
V -CONCLUSIÓN: ESTAMOS LLAMADOS A VIVIR EN LIBERTAD Y A SER CONSTRUCTORES DE
PAZ
17. Solamente quien es libre, construye la paz. “Felices los que trabajan
por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”, nos dice Jesucristo
(Mt. 5, 12). Cada uno de los cristianos está, pues, llamado a descubrir y
promover caminos de justicia y reconciliación en la familia, en cada
comunidad, en toda la nación:
“Venezuela quiere y reclama a gritos (…), que se termine con los odios, los
insultos y las descalificaciones y que sus hijos e hijas se reconcilien, se
respeten y vivan en paz” (Exhortación de la CEV, Julio 2007)
18. Como pastores de la Iglesia invitamos a todos los fieles a orar
intensamente por nuestra Patria e invocamos las luces del Espíritu Santo
sobre todos los ciudadanos en esta difícil toma de decisión e imploramos el
auxilio de Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, a cuyos pies en
su “Basílica Menor” de Guanare, título con que el Santo Padre Benedicto XVI
ha honrado y enaltecido su templo, nos postraremos en confiada súplica por
el bien de la República.
Con nuestra afectuosa bendición episcopal,
Firman, los Arzobispos y Obispos de Venezuela
Caracas, 19 de octubre de 2007
